Xóchitl Ruiz propone reforma para combatir corrupción en la distribución de recursos públicos y castigar con cárcel a quienes extorsionen a municipios
Proteger la autonomía municipal y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos, plantea.
Tipificar el delito de condicionamiento ilícito de recursos públicos, con sanciones que incluyen prisión de tres a nueve años, multas de 700 a 1,500 veces el valor diario de la UMA.
Morelia, Michoacán.- Para garantizar que los fondos estatales y federales se distribuyan de manera justa y legal a los municipios, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de erradicar prácticas corruptas en la distribución de recursos públicos.
Ante la problemática que afecta directamente la gestión de los recursos públicos en Michoacán, la diputada local propone la adición al catálogo de faltas administrativas no graves y al artículo 254 del Código Penal, para combatir la corrupción y establecer sanciones.
Las sanciones propuestas por la diputada Xóchitl Ruiz incluyen prisión, multas, destitución e inhabilitación y también con esta reforma se busca proteger la autonomía municipal y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Hizo mención que se busca evitar que servidores públicos condicionen la entrega de recursos a municipios a cambio de compromisos político-electorales o convenios no establecidos en la ley. Actualmente, se han identificado casos en los que se exige la suscripción de convenios, y acuerdos como condición para la entrega de recursos, lo cual contraviene las leyes, reglamentos y reglas de operación aplicables.
La diputada Xóchitl Ruiz González propone adicionar el catálogo de faltas administrativas no graves para sancionar a servidores públicos que impongan condiciones ilícitas. Además, se propone tipificar el delito de condicionamiento ilícito de recursos públicos, con sanciones que incluyen prisión de tres a nueve años, multas de 700 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), destitución del cargo e inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de cinco a quince años.
«Se busca lograr una gestión más transparente de los recursos públicos, asegurando que su entrega a los municipios se realice sin condiciones ilícitas. También busca desincentivar a los servidores públicos de incurrir en prácticas que impliquen el condicionamiento ilícito de recursos, especialmente en contextos político-electorales».
Con esta reforma al aprobarse, se apuesta al desarrollo más equitativo en el estado, beneficiando a las comunidades que dependen de estos fondos para infraestructura, educación y salud.
La diputada Xóchitl Ruiz González afirmó que la iniciativa es un paso importante para garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de recursos públicos en Michoacán. «Es fundamental que los servidores públicos actúen con integridad y que los recursos públicos se destinen a su propósito original, sin condiciones que vulneren la autonomía de los municipios», señaló.
