De la protesta a la venta: la incongruencia que persigue al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La escena política en Michoacán vuelve a exhibir una contradicción que no pasa desapercibida. La militante de Morena, Ana Lilia Guillén Quiroz —exdirigente estatal y exdiputada federal— se sumó a la protesta de transportistas no solo para acompañar una causa social, sino para señalar lo que considera una incongruencia del actual gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario ha propuesto desincorporar 38 propiedades del Gobierno del Estado, medida que deberá ser avalada por el Congreso local. Sin embargo, lo que hoy impulsa desde el poder contrasta con la postura que él mismo sostuvo en 2021, cuando desde Morena se criticó con firmeza un intento similar del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. En aquel momento, la narrativa fue clara: vender bienes públicos era atentar contra el patrimonio de los michoacanos. Hoy, desde Casa Michoacán, el discurso parece haberse transformado.

Guillén Quiroz subraya que no busca un cargo ni protagonismo político, sino evidenciar lo que califica como una contradicción evidente: aquello que antes se denunció como abuso o despojo, ahora se promueve como política pública. La pregunta de fondo no es solo la venta de inmuebles, sino la coherencia ética del proyecto que llevó a Morena al poder bajo la consigna de “no mentir, no robar y no traicionar”.

La crítica también apunta a la falta de claridad en el proceso. Se cuestiona si realmente habrá subastas públicas o si los predios ya tienen destinatarios definidos a precios catastrales, lo que abriría la puerta a sospechas sobre posibles beneficiarios privilegiados. La exigencia es simple pero contundente: transparencia total y nombres sobre la mesa.

El contraste político resulta inevitable. Cuando se trató de frenar a Silvano Aureoles Conejo, hubo movilizaciones, discursos encendidos y señalamientos de traición al pueblo. Ahora, con Alfredo Ramírez Bedolla al frente del Ejecutivo estatal, la misma acción se intenta justificar bajo argumentos administrativos.

Más allá de la disputa interna en Morena, lo que está en juego es la credibilidad del gobierno estatal. Si el cambio prometido se diluye en prácticas que antes se condenaban, la crítica deja de ser oposición partidista y se convierte en un reclamo ciudadano: coherencia entre el discurso y los hechos.