Aprobación de Cuenta Pública con apego a la Ley, dice Miriam Tinoco
A favor de la transparencia se pronunció la diputada Miriam Tinoco Soto en relación al dictamen de la cuenta pública de la hacienda pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local.
La legisladora integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura Local, dijo que la cuenta pública es una obligación constitucional y, «estamos a favor de la transparencia, por lo que apoyamos el respeto a la constitucionalidad y a la legalidad, y a que se sancione, incluso de forma grave a quien no entregue la cuenta pública, y a que se dé tratamiento por igual a los entes obligados, incluidos los Poderes y a los ayuntamientos, cuyas cuentas públicas ya se dictaminaron».
La legisladora local destacó que aprobó en general el dictamen propuesto ante el Pleno del Congreso Local y en lo particular se avaló la reserva que se hizo, al considerar que con ello no se violenta ningún precepto legal; por ello se pronunció porque se transparenten los resultados de las auditorías, de conformidad a lo establecido en el marco constitucional.
“Voté a favor de la reserva al compartir las razones técnicas y jurídicas propuesta, con lo que damos cumplimiento a la obligación de revisar, fiscalizar y dictaminar la cuenta pública».
Recordó que en ningún artículo de la Constitución o de la norma se establece que la aprobación del dictamen “salva la situación financiera del estado”, por el contrario como se desprende de la misma Constitución y de la Ley de Fiscalización Superior la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior, mismas que seguirán el procedimiento previsto en las leyes.
Miriam Tinoco explicó qué, era necesario modificar el artículo debido a que el texto original excedía el parámetro Constitucional, que en ninguna parte dice, sobre la cuenta pública que se diga sí refleja razonablemente o no una situación, que pudiera no sólo ser financiera o del desempeño institucional, sino de cumplimiento legal en todo caso, o que se evalúa, que se aprueba o se reprueba.
En el caso del Poder Ejecutivo expuso que se entregó la información correspondiente al 99 por ciento de su gasto y 94 por ciento de la documentación total en promedio incluyendo el 100 por ciento de las dependencias de la administración pública centralizada, «entonces no es claro, cómo es que puede reflejarse razonablemente o no la información financiera, y más lo es, si consideramos que los máximos incumplimientos se dieron en los Poderes Legislativo y Judicial, sin embargo no merecen las mismas conclusiones o no se mencionan en el articulado que se modificó por mayoría».
