Alcalde de Zitácuaro denuncia a diario digital por una nota que señala irregularidades por 180 mdp
El alcalde del municipio michoacano de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, demandó penalmente por “ataques contra el honor” al diario digital Contramuro.com y a su directora, luego de que este medio de comunicación publicara un reportaje sobre presuntas irregularidades de varias empresas vinculadas al edil por 180 millones de pesos.
En la nota se expone que Carlos Herrera Tello, empresario y alcalde de Zitácuaro desde el 1 de septiembre de 2015, “es un importante socio de tres firmas que están bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por obras realizadas en la Ciudad de México y en el municipio de Tuxpan (Michoacán) por cientos de millones de pesos”.
La información refiere que en julio del año pasado, la SFP emitió un dictamen sobre las obras que realizaron “empresas de Herrera Tello” en el parque El Mexicanito de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
“Se consignó que hubo un daño económico por 6.3 millones de pesos en la ejecución de recursos para remodelar ese inmueble y la obra fue inconclusa, ociosa e inútil”, expone la nota publicada por Monitor Expresso y Contramuro.com, y que puedes leer aquí.
La información apunta que el 8 de agosto de 2017 la SFP señaló irregularidades por 180 millones de pesos en dos obras públicas realizadas en Tuxpan, Michoacán, en las que participaron empresas vinculadas al edil de Zitácuaro, según la investigación de Monitor Expresso.
Una moda
Azucena Silva, directora de Contramuro.com, dijo en entrevista que la denuncia penal del edil contra ella y el medio que dirige “es un claro ataque a la libertad de expresión y un intento de amedrentar a los medios críticos en Michoacán”.
“En Contramuro.com no nos vamos a acallar por intimidaciones y hostigamiento de políticos que, por medio de instrumentos jurídicos y denuncias penales, pretenden censurar el ejercicio informativo”, publicó el medio en su portal web el pasado lunes 12 de febrero.
“No se mata la verdad matando periodistas, ni tampoco se mata la verdad atentando contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y menos cuando se trata de un tema de interés público, como es el caso de los recursos públicos, sustentado a través de documentos oficiales que revelan presuntas irregularidades, mismas que se colocan en segundo plano por servidores públicos argumentando “ataques al honor””, añadió Contramuro.
Azucena Silva señaló que el edil de Zitácuaro no solicitó derecho de réplica a su medio tras la publicación de la nota. “Jamás nos tomó la llamada”, recalcó.
Jairo Cerriteño, director de Monitor Expresso, también calificó la demanda del funcionario como un “ataque” a la libertad de expresión y al periodismo crítico.
“Parece que se está poniendo de moda denunciar penalmente por supuestos delitos contra el honor cuando se documentan cuestiones de corrupción y malos manejos de funcionarios”, advirtió Cerriteño.
Animal Político, a través del secretario del Ayuntamiento de Zitácuaro, buscó la postura del alcalde Carlos Herrera sobre la denuncia penal contra el diario digital Contramuro.com. Pero al momento de publicar esta nota no se obtuvo respuesta.
Por su parte, la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, confirmó a este medio que se encuentra “documentando el caso”, para emitir una postura al respecto.
Así lo dio a conocer en aquel entonces Artículo 19, que recuerda que “el gobierno de Michoacán ha emprendido acciones contra periodistas críticos en el estado”.
Tres denuncias en un mes por ‘delitos contra el honor’
En apenas un mes, esta es la tercera demanda por “delitos contra el honor” que se interpone contra ciudadanos, activistas y medios de comunicación, que denuncian actos de corrupción e irregularidades.
La primera se dio a conocer el 11 de enero de este año, cuando el ciudadano Leonardo García Cortés fue detenido en su domicilio en el Estado de México, acusado por la constructora SYLMA de difamación.
García había denunciado que el subsecretario de Obras de Hidalgo es también el director responsable de obra de la empresa, lo que representa un posible conflicto de interés.
Esta relación fue publicada en la nota que Animal Político publicó el 27 de julio de 2017, donde se documenta que el funcionario Marco Antonio Rico tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las órdenes de construcción.
El segundo caso se dio a conocer el pasado 10 de febrero, cuando Lucero Circe López, activista feminista y fundadora de la organización Humanas sin Violencia, fue vinculada a proceso en Michoacán por delitos contra el honor, luego de que señalara a un profesor de universidad como responsable de cometer dos acosos sexuales.
