Alianza Federalista y su ruptura con Conago: quiénes son, qué buscan

En dos meses prácticamente se gestó la conformación de la Alianza Federalista, una agrupación de diez mandatarios estatales que terminó rompiendo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), desde hace casi dos décadas el mecanismo que los 32 gobernadores del país tenían para dialogar con el Gobierno Federal. En este 2020 la historia da un nuevo giro: retomar los orígenes nos ayudará a entender el momento actual.

Lo que trajo el COVID-19

Iniciaba el mes de julio y el escenario económico era por demás complicado para la gran mayoría de las entidades, no solo por las implicacione del confinamiento de la epidemia de coronavirus o COVID-19, sino por las medidas desplegadas por el Gobierno Federal que para una buena parte de los gobernadores eran consideradas “insuficientes”.

De ahí surge la “Alianza Federalista”, integrada por gobernadores de diferentes corrientes políticas: algunos de ellos panistas, otro tanto por priistas, el emecista, el perredista y el único independiente; su principal objetivo en un inicio fue exponer sus demandas, principalmente económicas por la caída de participaciones e ingresos propios.

Así se conformó:

• Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas)
• Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León)
• Miguel Riquelme (Coahuila)
• José Rosas Aispuro (Durango)
• Silvano Aureoles (Michoacán)
• José Ignacio Peralta (Colima)
• Enrique Alfaro (Jalisco)
• Martín Orozco (Aguascalientes)
• Javier Corral (Chihuahua)
• Diego Sinhué Rodríguez (Guanajuato)

Para entender mejor su conformación habría que confrontarla con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), integrada exclusivamente con mandatarios emanados de esa fuerza política, por lo que coinciden en su mayoría con una serie de fines políticos, económicos y hasta electorales.

Por un nuevo pacto… fiscal

Como puede verse, juntos representan gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por ello también han solicitado reformar “el pacto fiscal” y llevarlo a un nuevo federalismo basado en la descentralización de los recursos, para que las entidades cuenten con un mayor flujo con el fin de poder hacer frente a la pandemia.

Aseguran que las participaciones federales han sido reducidas por lo que se deben revisar los criterios de la distribución; actualmente, 80% de los ingresos públicos se los queda el gobierno federal y reparte 20% hacia las 32 entidades y los más de 2,400 municipios.

La fórmula que proponen es que la distribución de los ingresos pase a 70% para el gobierno central y 30% para estados y municipios; este aumento equivaldría a600,000 millones de pesos más en las arcas locales.

Con base en ello han pedido un diálogo directo con el gobierno e incluso han enviado algunas cartas al presidente en las que han llamado a una “Convención Nacional Hacendaria” para enfrentar la crisis y que se les tome en cuenta en el Presupuesto 2021.

También han mencionado la necesidad de liberar recursos de fondos autorizados en el Gobierno Federal, como parte de la recuperación económica. Muy conectado está el que se tenga una ruta para atraer inversiones en cada región; es así que no debe causar extrañeza el anuncio de que van a crear la agencia de promoción de inversiones “Invest in Mexico”.

Esos diez gobernadores han considerado el manejo de la estrategia contra el COVID-19 como “errático” por parte del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell: por ello también exigieron en una misiva dirigida al presidente AMLO su “salida inmediata y que se ponga al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad”.

Para ellos es importante reforzar la capacidad de atención oportuna en hospitales y clínicas de COVID-19; que lleguen todos los insumos requeridos. En paralelo pidieron que ya se tenga un nuevo protocolo de regreso a clases presenciales como signo de normalidad social.

Luego de varias semanas, una “decepcionante” reunión de la Conago en San Luis Potosí, este 7 de septiembre queda marcado como la fecha en que salen de esa instancia. En el pronunciamiento volvieron a insistir que no se le está dando seriedad a la petición de discusión del pacto fiscal y, por el contrario, hay descalificaciones.