Ciudad de México.- Cuatro presidentes municipales —de un listado de 13 alcaldes involucrados en la denominada estafa siniestra— fueron aprehendidos en el estado de Hidalgo acusados por los cargos de peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
Las detenciones involucran a un alcalde de Morena, dos del PRI y uno de Encuentro Social Hidalgo (PESH).
Por Morena, el edil aprehendido fue Luis Enrique Cadena García, de Nopala. Por el PRI fueron los alcaldes de Epazoyucan y Yahualica, Fidel Arce Santander y Elías Sanjuan Sánchez, respectivamente; en tanto que del PESH, Felipe Juárez Ramírez, edil de Huautla.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y el encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, informaron que el monto que se atribuye que desviaron los ediles asciende a 172 millones de pesos.
De este monto, 14 millones 215 mil 780 pesos corresponden al edil de Epazoyucan; 26 millones 615 mil 780 pesos, al de Huautla, y 15 millones de pesos al de Yahualica; el monto mayor por 71 millones 960 mil 890 pesos corresponde al alcalde morenista de Nopala.
Nieto Castillo explicó que el modus operandi del esquema de defraudación consistía en realizar solicitudes de apoyo de recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal; ésta autorizaba el recurso, generaba la transferencia a las cuentas de los municipios a través de diversas instituciones bancarias.
Posteriormente, los ediles recurrían a empresas fachada, cuyos domicilios eran casas particulares, sin ningún tipo de operación. Les asignaban de manera directa contratos para rehabilitaciones de caminos, adquisición de insumos para covid y generación de aplicaciones digitales, sin que se realizaran los trabajos y sí se liberaba el pago de las facturas a las mismas.
MAQUINARIA
En el caso de la rehabilitación de caminos, se detectó que en Epazoyucan sólo se arrendaba maquinaria, además de que los contratos se realizaban sin autorización de cabildo y que la empresa beneficiaria tenía domicilio fiscal en el estado de Oaxaca, y ni siquiera se encontraba con registro de padrón de proveedores del estado de Hidalgo cuando ya estaban los contratos.
Además, añadió, nunca se pudo acreditar la necesidad de urgencia de las actividades desarrolladas y se descubrió que una misma persona fungía como representante legal de las dos empresas fachadas.
Por este esquema de defraudación otros 9 ediles están siendo investigados y se podría generar órdenes de aprehensión en contra de éstos, de encontrarse elementos suficientes de su responsabilidad.
El responsable de la PGJH informó que las indagatorias continuarán y se espera que puedan fincar responsabilidades contra exfuncionarios estatales de la pasada administración local, sin adelantar los cargos que desempeñaron para no entorpecer las indagatorias.
Cabe señalar que otros ediles señalados en el esquema de corrupción son los de Acaxochitlán, Atotonilco el Grande, Huazalingo, Mineral del Monte, Pisaflores, Singuilucan, Tepeji, Tlahuelilpan y Zacualtipán.
La estafa siniestra es un esquema de defraudación de recursos públicos investigado por la nueva administración estatal que asumió el cargo el pasado 5 de septiembre; mediante este esquema se habría fraguado el desvío de 520 millones de pesos.
