Diez puntos sobre la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, y el riesgo que representa este precedente para la democracia y para la Suprema Corte.
En primer lugar es importante hacer patente que la llegada de otra mujer al Máximo Tribunal del país es sumamente encomiable y representa un hito que debe reconocerse sin duda.
Sin embargo, el discurso de apertura, así como las primeras declaraciones de la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres generan gran preocupación, porque manifiesta un alto nivel de desconocimiento del papel relevante y fundamental de la SCJN, y sus resoluciones en las últimas tres décadas en beneficio del país.
De las tres propuestas hechas por el Ejecutivo federal, todas las integrantes de la terna tenían conflicto de interés, y ninguna cumplía con el perfil idóneo de conformidad con el artículo 95 Constitucional. En este caso, la trayectoria profesional de la nueva Ministra no cumple con lo dispuesto ya que no tiene antecedentes en la impartición de justicia ni siquiera como litigante, solo de carácter administrativo en puestos políticos locales y federales.
Si bien, cada miembro de la SCJN tiene todo el derecho ciudadano de tener inclinación política, su labor se debe única y exclusivamente a garantizar el cumplimiento de la Constitución. En su primera intervención como magistrada, Lenia Batres manifestó un claro sesgo ideológico, una evidente falta de experiencia y una notoria impericia o todo al mismo tiempo. Lamentable. Además, cabe señalar que las decisiones que toma el Máximo Tribunal son de carácter colegiado. Los integrantes deben deliberar y convencer mediante argumentos jurídicos, conforme a derecho, no con posiciones políticas.
En dicha alocución, Lenia Batres se dijo orgullosa de ser «la ministra del pueblo», pero pues no. Su designación fue dedazo del presidente ante el obvio rechazo del legislativo federal. Ella es la ministra del presidente y la primera en ser designada por el titular del ejecutivo. Los elementos citados en su primer discurso denotan su clara y vergonzosa abyección pues parece que será la vocera presidencial en la SCJN. Con sus críticas al poder judicial y la Corte, no solo vilipendió su propia investidura sino que le faltó el respeto a sus propios colegas del pleno. Un mal y deshonroso precedente.
Al respecto, ya son tres ministras con una evidente inclinación ideológica para defender los intereses del presidente y no de la Constitución: Batres, la bachiller Esquivel y Loretta Ortiz. Con ese nivel de indecoroso servilismo es evidencia de lo que ha requerido el presidente en su gobierno: 90% de lealtad y 0% de capacidad. En otras palabras, ya cualquiera puede ser ministro de la SJCN solo con la venia presidencial, precarizando la exigencia necesaria para integrar de manera calificada uno de los órganos decisorios más importantes del país.
La SCJN tiene el deber superior de garantizar el cumplimiento de la Constitución y por eso las resoluciones y decisiones tienen ese fin, y al hacerlo, defienden a la ciudadanía y por ende al pueblo y a los mexicanos. La tergiversación de esta premisa es lo que ha causado confusión a la sociedad debido a la retórica populista del Ejecutivo federal para desprestigiar falazmente al poder judicial. Por ello, es necesario reiterar que «el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión» (art. 41 Const) y la SCJN es uno de ellos.
El artículo 49 de la Constitución establece también que «el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación». La división de poderes constituye un balance fundamental para evitar los excesos de uno sobre los demás y sobre la ciudadanía. En ese sentido, las restricciones legales que ha establecido la SCJN a leyes y procedimientos expedidos por el legislativo, están dentro de la competencia de la Corte, justamente para la observancia del equilibrio de poderes. Que la nueva Ministra no entienda este elemento básico, siendo abogada y politóloga es inquietante.
En ese contexto, es menester resaltar que es sumamente preocupante identificar la estrategia del presidente, que es el sabotear al poder judicial, y específicamente a la Suprema Corte desde adentro, como ya lo ha hecho en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y esto no es cosa menor, porque también lo está promoviendo al interior del Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral de cara a las próximas elecciones de este 2024, a fin de asegurarse de manera cuestionable y antidemocrática 1) la continuidad de su proyecto político y 2), de asegurarse la impunidad tanto de él como de su candidata impuesta.
Finalmente, si bien toda institución es perfectible en los tres los Poderes de la Unión, y la Suprema Corte no es la excepción, todas las mejoras en la administración pública federal, así como los organismos autónomos debe hacerse con una base técnicamente bien justificada y no por intereses ideológicos. La forma en como lo está llevando a cabo el presidente es sumamente controvertible pues vulnera nuestro precario sistema democrático e institucional.
Será crucial que la ciudadanía tenga plena conciencia de lo que estará en juego en las elecciones de este año. Por ello, a fin de evitar que se continúe lacerando nuestra democracia con visiones ideológicas, autoritarias, antidemocráticas y autocráticas, la sociedad mexicana, tanto dentro como fuera del país, tendrá la última palabra al ejercer activamente sus prerrogativas político-electorales al emitir su voto libre y secreto, de lo contrario, existe el riesgo de perder las libertades a las que hoy en día tenemos derecho.
Gerardo Kharriman Escorza
Maestrante en el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.
