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El Congreso local aprobó reformas para garantizar tarifas preferentes y servicio de transporte público gratuito para adultos mayores que se encuentren en rehabilitación, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Lo anterior, con la aprobación dictamen con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección Integral de los Adultos Mayores, así como de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos integra diversas iniciativas presentadas por diputados de la 74 Legislatura, con las que se pretende abonar desde distintas vías a la cristalización del mandato constitucional de progresividad de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y desigualdad estructural, como son los adultos mayores. En ese sentido, las autoridades e instituciones estatales y municipales deberán contar de forma progresiva con vehículos de trasporte de calidad y accesibles, que permitan que las personas adultas mayores puedan movilizarse de forma segura, cómoda y salubre a sus tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos, así como a sus terapias ocupacionales o rehabilitatorias. Asimismo, las personas físicas y morales concesionarias y permisionarias del servicio público de transporte, deberán prestar el servicio de forma gratuita a las personas adultos mayores durante el tiempo que se encuentren en procesos rehabilitatorios o sanitarios, extendiendo dicha prerrogativa a sus cuidadores. De igual forma, se establecen las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones, asilos y casas hogar, públicas o privadas, que brinden servicios de cuidado y apoyo a las personas adultos mayores; y se definen los perfiles profesionales del personal contratado por dichas instituciones. Lo anterior, para garantizar un ambiente que proteja el derecho a una vida digna, autónoma e independiente, en el que no se vean sometidos a discriminación, actos de violencia o negligencia, infantilización, tratamientos médicos, terapéuticos, psicológicos u ocupacionales forzados o que vayan en contra de su dignidad. Adicionalmente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá llevar a cabo visitas a los orfanatos, casas hogar, asilos, hospitales psiquiátricos y prisiones, para prevenir que los adultos mayores sean víctimas de actos de violencia o de negligencia, y para garantizar que gocen de un espacio digno, intimo, salubre y seguro, alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y culturalmente adecuada.

En sesión extraordinaria, el Congreso local el dictamen sobre las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado, al decreto 376 por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley de Salud Mental.

El dictamen elaborado por la Comisión de Salud destaca que una vez analizado el documento enviado por el Gobernador del Estado se acordó que tal como lo plantea la propuesta, la salud mental debe formar parte de la atención primaria de salud.

En ese sentido, reitera la necesidad de promover su acceso universal y equitativo, concluyendo que las observaciones emitidas por el Gobernador del Estado al decreto 376 no serán atendidas, toda vez que la observación a que se refiere el Ejecutivo no es materia del dictamen aprobado por el Pleno.

De igual forma, en relación con la observación a la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Salud Mental, se acordó dejar el texto original y adicionar un artículo transitorio para que de manera progresiva y conforme al presupuesto de infraestructura y personal de la secretaria se atienda y garantice.

Asimismo, en lo que respecta al artículo 22, se determinó que no será atendida debido a que se adicionó un artículo transitorio para que se contemple el recurso necesario en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, y en los ejercicios siguientes, a fin de garantizar la infraestructura y personal necesario para la atención del servicio de salud mental.

Igualmente, se concluyó que la observación al artículo 33 no será atendida, toda vez que se considera necesario que los prestadores del servicio de salud mental cuenten con un título y certificado para ejercer.