El derecho a vivir sin violencia
Isidro Galicia
Michoacán y Apatzingán se encuentran sometidos a un profundo estado de violencia permanente.
Donde autoridades regionales, estatales y federales son dominadas por una condición de superioridad territorial y de criminalidad.
La marginación, la exclusión, la pobreza y la desigualdad social podrían explicar el origen de la gradual descomposición del tejido urbano representado por eventos delictivos.
Desde hace varios años, la región de la tierra caliente de Apatzingán se encuentra bajo el dominio de grupos criminales que determinan la calidad de vida de los ciudadanos.
Bajo este contexto, hoy las localidades de esta zona de Michoacán se encuentran condicionadas, con restricción de las libertades públicas y económicas.
La gradual pérdida de los valores elementales de la convivencia y de las relaciones humanas, se encuentran supeditadas a escenarios de irrupción violenta.
Es decir, el actual modelo de criminalidad se impone como dictadura del miedo, ante la complaciente observancia de las propias autoridades gubernamentales.
Apatzingán es un ejemplo del abierto olvido de las autoridades federales y regionales.
La omisión para restituir el derecho a la libertad, la dignidad y el bienestar social, han propiciado contextos de ingobernabilidad, que alientan un estado de excepcional impunidad y violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ante ello, el paradigma de la violencia no solo es el resultado de procesos culturales y sociales deteriorados, es producto de ciertas condiciones políticas y de la desproporcional irresponsabilidad de las autoridades.
Con la clara frustración de las políticas públicas de los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad, la agenda política de los partidos en la materia se agotó. Los esfuerzos institucionales por restablecer el orden público y la seguridad de encuentran en una fase de profundo fracaso.
Apatzingán como el resto de los municipios de Michoacán acudirán a un proceso electoral local y federal; donde la condición de inseguridad será un tema que partidos deberán asumir como parte de una agenda estratégica, o en su caso obviarla.
No sería extraño que candidatos y partidos decidan no colocar en el debate de la sociedad el tema de la seguridad.
Por ahora, corresponde a los ciudadanos articularse como un solo constructo social. Que se objetive hacia la reconstrucción del mosaico urbano local y regional.
Las posibilidades existen y ahora es momento de explorarlas.
