La SFP inhabilita a Alfredo Castillo por 10 años, por anomalías con sus biene
Alfredo Castillo, uno de los funcionarios que más cargos tuvieron y que más polémica generaron durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue inhabilitado por 10 años para estar en el servicio público debido a irregularidades en su declaración patrimonial, las cuales ascienden a más de 18 millones 300,000 pesos.
La dependencia señaló que la sanción ya fue notificada al exfuncionario, en cuyas cuentas bancarias se detectó que «faltó a la verdad» en sus declaraciones patrimoniales durante tres años: de 2014 a 2016.
El análisis de las cuentas bancarias reveló que, en ese periodo en el que ejerció cargos públicos, Castillo no declaró seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18.3 millones de pesos.
Esa omisión, explicó la Función Pública, constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
La SFP agregó que este procedimiento sancionador es parte de los 26,064 expedientes de responsabilidad administrativa que se iniciaron en los dos primeros años del actual gobierno, y de los que a la fecha se han resuelto 20,222.
«Las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito», argumentó.
Esta es una de las acciones que ha tomado la SFP por diversas irregularidades detectadas en la Conade en la pasada y en la actual administración.
En agosto de 2020, la dependencia confirmó la destitución de Israel Francisco Benítez Morteo, quien era subdirector de Calidad para el Deporte, por hacer uso indebido de recursos públicos.
La Función Pública tiene abiertos varios expedientes de investigación y se realizan siete auditorías a la Conade, en las que ya se determinaron 22 observaciones, como señala el Informe de Fiscalización 2019.
En el caso de Castillo, los señalamientos en su contra no solo corresponden al ámbito administrativo. El exfuncionario también ha sido vinculado con posibles delitos como actos de corrupción, espionaje y detenciones arbitrarias, conductas con las que ha negado estar relacionado.
