Alfredo Ramírez propone reforma para que trámites judiciales sean rápidos y a bajo costo
Otorgaría a notarios la facultad de atender divorcios, testamentos, convenios de convivencia, entre otros procedimientos; eliminaría el coyotaje de abogados y la burocracia judicial
Con el propósito de reducir los tiempos de resolución y el costo económico que deben absorber los ciudadanos, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla presentará hoy en el pleno del Congreso del Estado una reforma de vanguardia para otorgar a los notarios la facultad de resolver trámites judiciales en los que no exista controversia entre las partes involucradas.
El legislador de Morena propone reformar la Ley del Notariado de Michoacán, el Código de Procedimientos Civiles, y el Código Familiar. Su objetivo central es otorgar facultades a los notarios para que se desempeñen como agentes auxiliares de la administración de justicia; es decir, que puedan atender asuntos que hasta ahora son atribución exclusiva del Poder Judicial y los jueces civiles.
Divorcios administrativos; convenios de convivencia familiar; juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios; apeo, deslinde y rectificación de medidas de inmuebles o amojonamiento; rectificaciones de actas del estado civil, e informaciones ad perpetuam, son los trámites administrativos que podrían desahogar los notarios en caso de aprobarse la referida reforma, sin aplicar cobros adicionales por ello.
Los casos pendientes por resolver que tiene el Poder Judicial de la entidad, de acuerdo a su informe anual 2018, ascienden a 6 mil 123 expedientes en materia civil, esto sin lugar a dudas representa una saturación institucional, refirió Ramírez Bedolla para subrayar la pertinencia de desburocratizar procedimientos que bien podrían atender los notarios.
Simplificar los procesos judiciales llevándolos al ámbito notarial, abundó el diputado, no sólo restaría carga de trabajo al Poder Judicial, también beneficiaría a los ciudadanos con la agilización de trámites y reducción de costos, ya que no se verían en la necesidad de contratar abogados para dar seguimiento a los procedimientos ante un juez, eliminando así la práctica de coyotaje.
