Derechos Humanos superiores a cualquier burocracia oficial para ocultar la verdad
Morelia, Michoacán- Tras años de sistemática negación de justicia para la familia Guzmán Cruz, tras 49 años de la desaparición forzada de José de Jesús Guzmán y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, en la comunidad de Tarejero, Municipio de Zacapu, la Diputada Local del Partido del Trabajo, dio voz al reclamo de sus familiares ante el soslayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien aseguró tener un informe profundo sobre que lo sucedido y que no a presentado, por tal motivo presentó un punto de acuerdo para que la institución presente este informe.
Durante su exposición, la congresista del PT detalló la forma arbitraria en que fueron sometidos y posteriormente desaparecidos en 1974, así como la lucha contra el sistema para esclarecer los hechos, luego de denuncias ante organismos protectores de derechos humanos y que simplemente no ha podido responder sus dudas.
«Hoy, a 49 años de la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz y a 10 años de haberse presentado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, los familiares de los desaparecidos y muchas otras personas de nuestra sociedad, consideramos urgente la generación de mecanismos verdaderamente eficaces que pongan fin a la crisis de desapariciones forzadas, acciones que permitan garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las personas desaparecidas y sus familias».
La propuesta de acuerdo de la legisladora Fraga, fue acompañada por el representante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ullianov Guzmán y Abdallán Guzmán Cruz, hermano de los cuatro desaparecidos, quien detalló que en 2006 se presentó un documento ante la CIDH, solicitándole su intervención para la presentación con vida de sus familiares, pues han sido años de incertidumbre y sospechan que nuevamente los mantendrán sin respuestas.
“Nos dicen que ya está el estudio de fondo, pero que todavía no nos toca, que hay otros casos. No lo vemos de esa forma, algo está pasando por ahí, tal vez exista un acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano. A nosotros el Gobierno de México nos ofreció una reparación del daño a través de dinero, nosotros no queremos dinero, queremos justicia y verdad, una asunción implícita de la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos».
Ante esta situación, la 75 Legislatura aprobó esta propuesta, donde además del informe se tomen todas las medidas necesarias para sancionar y reparar los hechos, pues recientemente se aprobó la Ley de Desaparición Forzada de Personas para Michoacán, en acto de urgencia para las familias que tienen a un ser querido bajo esta condición.
«La familia y las organizaciones acompañantes, solicitaron que en el informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiende al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para esclarecer, sancionar y reparar los hechos, tomando en cuenta las líneas de investigación y búsqueda que emergen de la documentación detallada oficial de las circunstancias y curso de las desapariciones forzadas, y que las violaciones denunciadas se insertan en el contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia». Concluyó Fraga Gutiérrez.
