Cuestionan viabilidad económica y enfoque estratégico del Programa de Estufas para el Bienestar en Michoacán
Cuestionan viabilidad económica y enfoque estratégico del Programa de Estufas para el Bienestar en Michoacán
La reciente puesta en marcha del Programa de Estufas para el Bienestar en la región purépecha de Michoacán, con una inversión anunciada de 500 millones de pesos para la instalación de 16,509 unidades, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del estado. El proyecto fue presentado oficialmente durante la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a las comunidades de Cherán y Ayzicuirin, en el municipio de Paracho.
Desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el dirigente, Carlos Quintana señaló preocupación por el costo estimado por unidad, el cual se ubica por encima de los 30 mil pesos por estufa. A su juicio, dicha cifra resulta elevada y pone en entredicho la eficiencia en el uso de recursos públicos. Señaló que este tipo de políticas podrían carecer del impacto estructural necesario para atender de fondo los problemas que enfrentan las comunidades rurales.
Quintana Martínez, cuestionó la pertinencia de este tipo de programas en comparación con iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector agroalimentario, el impulso de proyectos productivos sostenibles y el desarrollo económico regional. En su posicionamiento, Quintana afirmó que el gobierno federal ha fallado en articular una estrategia integral de soberanía alimentaria y desarrollo rural para Michoacán.
Asimismo, criticó la orientación general de los programas sociales impulsados desde el Ejecutivo federal, calificándolos de asistencialistas y con escasa proyección a largo plazo. Según el dirigente, este tipo de medidas reproducen modelos de desarrollo superados y no responden a los retos actuales en materia de bienestar social, productividad y sustentabilidad.
El debate sobre el Programa de Estufas para el Bienestar se inscribe en una discusión más amplia sobre el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas sociales en el país, así como sobre su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y de justicia social en las comunidades más vulnerables.
