“Nos vemos en la Corte”, dicen legisladores de oposición a AMLO por acuerdo que ‘blinda’ megaobras de la 4T

Diputados y senadores de oposición anunciaron que juntarán las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara las obras de infraestructura del gobierno federal como proyectos de “interés público y de seguridad nacional”.

La acción de inconstitucionalidad es el recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar leyes o decretos que se oponen a la Constitución. Esta medida puede ser promovida por los legisladores federales de las bancadas minoritarias.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputadosanunciaron que comenzarán el análisis legal al considerar que el acuerdo de López Obradorbusca blindar y opacar obras, invade competencias del Poder Legislativo y es “flagrantemente ilegal”.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, alertó que, con los permisos provisionales para las obras, el gobierno pretende dar de manera fáctica los estudios de viabilidad presupuestal; todos los estudios que sean derivados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público; las manifestaciones de impacto ambiental; las evaluaciones de riesgo, incluso las consultas ciudadanas o indígenas.

“Le decimos no al decretazo (…) Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel, así de simple, es la réplica de lo que hizo cuando fuera jefe de Gobierno ahora como presidente de un tema tan delicado como es la seguridad nacional”, dijo.

“Hace poco nos señalan que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, se usaron empresas fantasmas y ahora nos quieren decir que esta obra es de seguridad nacional, para que ninguno de ustedes (periodistas), ni ninguna mexicana o mexicano, podamos preguntar y ver todos esos contratos, esto es inaudito”, añadió el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación política y coordinador del PRI, Rubén Moreira, enfatizó que la clasificación de seguridad nacional es para todo aquello que compromete al Estado mexicano y ninguna obra pública lo hace.

“Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras que, a todas luces, son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar al cabo”, añadió el perredista, Luis Espinosa Cházaro.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, consideró que el presidente no puede “pisotear” la Constitución.
“Cree que puede pisotear la Constitución a su antojo, pero se topará con pared. Su decreto es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la “seguridad nacional”. Es claramente inconstitucional. Le anticipo de una vez: Nos vemos en la Corte”, escribió en su cuenta de Twitter.

El grupo parlamentario plural en el Senado también fijó posición al considerar preocupante que López Obrador quiera confundir a la sociedad.

“Las razones que se ofrecen para justificar este decreto son una vil tomada de pelo. Por otra parte, tenemos tiempo advirtiendo de la participación cada vez más activa de las fuerzas armadas en la administración pública. Con las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional vemos con más preocupación que el Ejército ya no sólo realiza tareas civiles, también políticas”, declaró Alejandra León Gastélum.

Morena respalda a AMLO

Los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el Senadorespaldaron la decisión de López Obrador de emitir un acuerdo para considerar las obras del gobierno federal de seguridad nacional.

“No hay ningún problema, es su derecho y nosotros consideramos que el presidente de la República hizo lo correcto; que el decreto es constitucional, que el decreto es legal y que el decreto es correcto y oportuno para continuar este proceso de transformación y de creación de infraestructura en México, nunca antes visto”, dijo el senador Ricardo Monreal.

El diputado Ignacio Mier opinó que el acuerdo es legal y está apegado a las facultades constitucionales del presidente, además de que su aplicación será de utilidad social y pública.

“Con este decreto se protege la inversión pública. La obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos”, recalcó.

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