AMLO y las leyes del COVID-19: Amnistía, Austeridad y Presupuesto
Además de sus efectos en la salud de la población, así como los de tipo económico,la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus o COVID-19genera reformas legales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que deben emitirse tres nuevas normas: la ley de Amnistía, un decreto de Austeridad Republicana para funcionarios y reformas a la Ley Federal de Presupuesto. El argumento es que son medidas para contener la propagación del virus y hacerle frente a la emergencia sanitaria y económica. Este es un recuento de lo que se ha propuesto hasta el momento.
Liberar y flexibilizar los recursos
El mandatario pone la mira en herramientas que le permitan liberar, reorientar y flexibilizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 que fue aprobado por el Congreso desde diciembre de 2019. El 23 de abril envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La iniciativa plantea agregar un artículo en el que se establece que en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, se podrían reorientar los recursos asignados para destinarlos a “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias” de la administración.
El mismo 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto presidencial con un paquete de medidas para obtener más de 622 mil millones de pesos. Contempla la eliminación del aguinaldo y otras prestaciones de fin de año, y la reducción de salarios de 25% de subdirectores a presidente de la república. Aunque incluye la acotación de que dicha medida se aplicará “de forma voluntaria”.
Otros puntos destacados es la cancelación de diez subsecretarías, aunque no se ha puntualizado cuáles, y la garantía de empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejaran los cargos. En el mismo sentido no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Aunque la determinación estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, hay que mencionar que fue enviado a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley.
Tras una serie de “jaloneos” en el Senado de la República se promulgó por el Ejecutivo Federal la Ley de Amnistía que contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego.
También se incluyen a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete. El objetivo central es “despejar” las cárceles para evitar que sean focos de propagación del COVID-19.
El proceso no es inmediato y puede tardar hasta cuatro meses. El Ejecutivo debe integrar una comisión para darle cumplimiento; es así que la persona interesada o su representante legal podrán solicitar la aplicación de la ley; entonces se determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.
Para ello el Consejo de la Judicatura Federal determinará los jueces federales competentes que conocerán en materia de amnistía; se espera que la Secretaría de Gobernación impulse reglamentaciones paralelas en las entidades.